Concordia, 25 de marzo del 2026
A través de un documento técnico, el espacio Compromiso por Concordia advirtió sobre graves irregularidades en la ordenanza sancionada recientemente. Cuestionan las facultades extraordinarias otorgadas al Ejecutivo y aseguran que una empresa privada ya operaría en la ciudad sin contrato formal.
CONCORDIA – El debate por la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en Concordia sumó un nuevo capítulo de alta tensión institucional. A través de un comunicado oficial, el espacio Compromiso por Concordia manifestó su rechazo a la ordenanza de emergencia ambiental, señalando que la norma presenta “graves objeciones de legalidad, razonabilidad y constitucionalidad parcial”.
Un andamiaje jurídico bajo la lupa
Según el análisis de los equipos técnicos jurídicos y contables de la organización, la declaración de emergencia no cuenta con una fundamentación técnica seria que justifique el otorgamiento de facultades excepcionales al Departamento Ejecutivo. El documento sostiene que “una deficiencia de gestión” o el “deterioro progresivo del sistema” no constituyen automáticamente una emergencia en sentido jurídico.
“La emergencia no puede ser una consigna vacía ni una excusa genérica para desplazar los mecanismos ordinarios de contratación, control y transparencia”, reza el comunicado firmado, entre otros, por el Cr. Álvaro E. Sierra y la Lic. Silvia Dri.
El manejo de los fondos y la sombra de una concesión directa
Uno de los puntos más alarmantes del informe es la habilitación de un régimen de contratación directa por montos que alcanzan casi los $28.800 millones con “controles mínimos”. Desde el espacio advierten que, bajo la cobertura de la emergencia —que formalmente dura un año—, se estaría abriendo la puerta a una reorganización estructural del sistema por hasta seis años sin licitación pública.
Esta maniobra es calificada por Compromiso por Concordia como un “atajo jurídico” para evitar el régimen ordinario, lo que podría derivar en contratos nulos y responsabilidad personal para los funcionarios intervinientes.
Denuncia de irregularidad administrativa
La denuncia sube de tono al señalar que, según información pública relevada, una empresa privada ya estaría prestando servicios de recolección en la ciudad sin que se conozca la formalización del acto administrativo correspondiente. “Si una empresa está trabajando sin que se haya perfeccionado previamente la contratación, estamos frente a una situación de extrema gravedad administrativa”, advierte el texto.
Seis preguntas clave para el Ejecutivo
Ante este escenario, el grupo solicitó al municipio suspender cualquier prestación privada que no esté legalmente perfeccionada y planteó seis interrogantes fundamentales:
- ¿En qué fecha se formalizó la contratación de la empresa actual?
- ¿Cuál es el acto administrativo concreto y qué funcionarios intervinieron?
- ¿Bajo qué supuesto jurídico empezó a operar la empresa antes de la formalización legal?
Finalmente, el documento aclara que la discusión no es ideológica —”no somos ni estatistas ni privatizadores”— sino de legalidad y eficiencia. “La basura no se resuelve con improvisación. Y la emergencia no puede ser un cheque en blanco”, concluye el informe
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